miércoles, 19 de enero de 2011

Se suman premios Nobel a exigencia de justicia por feminicidios


  • Que el Estado mexicano de fin a simulación ante feminicidio
Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, (CIMAC)

A un mes del asesinato de la activista Marisela Escobedo y a 11 días del homicidio de la defensora de Derechos Humanos (DH) Susana Chávez, organizaciones internacionales y seis mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz exigieron al Estado mexicano que cese la “simulación” e imparta justicia ante la ola de violencia feminicida en el país.
En conferencia de prensa, Lydia Alpizar, integrante de la Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos, expresó que la indignación por la muerte violenta de las activistas rebasó las fronteras del país, por lo que hoy “hacemos un enérgico llamado a los tres órdenes de gobierno en México para que frene la violencia contra las mujeres”.
A la exigencia de la Coalición se sumaron seis mujeres laureadas del Premio Nobel de la Paz, Betty Williams (Irlanda, 1976); Máiread Maguire (Irlanda, 1976); Rigoberta Menchú (Guatemala, 1992); Jody Williams (Estados Unidos, 1997); Shirin Ebadi (Irán, 2003) y Wangari Maathai (Kenya, 2004), informó Andrea Medina Rosas, de la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
La activista indicó que Jody Williams es la encargada de entregar el pronunciamiento de las galardonadas a la Embajada de México en EU, en el que expresan su consternación por el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, perpetrado en Chihuahua el pasado 16 de diciembre, cuando la activista protestaba por la impunidad en la que permanece el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Asimismo, se informó de las manifestaciones realizadas frente a las embajadas de México en Guatemala, Nicaragua, Chile, Uruguay, Bolivia, España y Líbano.
De igual modo, dijo Medina Rosas, las Premio Nobel de la Paz manifestaron su preocupación por el aumento del feminicidio en Ciudad Juárez, ya que mientras de 1993 a 2001 ocurrieron 214 asesinatos de mujeres, según el registro periodístico, de enero a diciembre de 2010 se suscitaron 297 homicidios de este tipo en esta localidad.
Ante las “cifras alarmantes” de casos de feminicidio, exhortaron al Estado mexicano para que sin tardanza “haga justicia en estos lamentables hechos, dé efectivo cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero y evite todo ataque a los familiares de las víctimas y a las defensoras de Derechos Humanos”, abundó.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), refirió que la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, integrada por organizaciones feministas de México y América Latina, se unió al reclamo de justicia.
La activista agregó que la Misión Internacional dirigió un escrito a Felipe Calderón, al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y a
Agustín Murguía Lardizábal, presidente municipal de Ciudad Juárez, en el que refieren que el asesinato de Marisela Escobedo y Susana Chávez son “testimonio doloroso, imperdonable e inexcusable del retroceso del Estado mexicano en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias”.
En este escenario, dijo, demandaron a los funcionarios una investigación inmediata y sanción a los responsables del asesinato de las activistas, así como a los funcionarios públicos que permitieron que estos hechos ocurrieran, pues Escobedo Ortiz denunció ante los tres órdenes de gobierno que era víctima de amenazas de muerte, sin que su petición de condiciones de seguridad fuera atendida.
Las organizaciones mexicanas y del extranjero solicitaron también la aprehensión inmediata de Sergio Barraza Bocanegra, homicida de Rubí Marisol Frayre, y la implementación de mecanismos efectivos que garanticen la vida de las familias de las víctimas de desaparición y feminicidio.